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Varios centenares de jueces de toda España se sumaron en los últimos días por medio de sus canales internos de comunicación en Internet a llevar a cabo medidas de protesta como la convocatoria de una huelga judicial tras las críticas vertidas por el Gobierno contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión de mantener la sanción de 1.500 euros al juez Tirado, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Varios centenares de jueces de toda España se sumaron este fin de semana por medio de sus canales internos de comunicación en Internet a llevar a cabo medidas de protesta como la convocatoria de una huelga judicial tras las críticas vertidas por el Gobierno contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión de mantener la sanción de 1.500 euros al juez Tirado, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Esta situación ya se ha producido en Francia y, más recientemente, en Gran Bretaña. Así, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, firmó un acuerdo con los proveedores de Internet por el que éstos deben vigilar los archivos que se descarguen o intercambien sus clientes. En caso de que estas compañías detecten contenidos ilegales, iniciarán acciones contra el 'pirata informático' que podrán conllevar la suspensión temporal e, incluso, definitiva en Internet.
La presidenta del Observatorio contra la violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, manifestó hoy su respaldo a la iniciativa del Ayuntamiento de Plasencia de publicar las sentencias de los maltratadores en la página web municipal, porque "puede tener efectos preventivos".
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso presentado por la Asociación de Internautas contra el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicación electrónicas, en lo que se refiere a la interceptación de datos para investigar delitos, según consta en una sentencia hecha pública hoy.
La Asociación de Internautas (AUI) solicitó hoy al Defensor del Pueblo amparo contra la retención de datos por parte de las empresas de telecomunicaciones y denunció la "falta de rango legal" de la interceptación de las comunicaciones telefónicas por autorización judicial.
Así lo anunciaron hoy el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Martínez Lázaro y el director del Centro de Documentación Judicial, Juan Mateo Ayala, que recordaron que las sentencias del Supremo ya estaban disponibles desde 2003, las de los Tribunales Superiores desde junio de 2006 y que ahora se podrá acceder también a las de las Audiencias Provinciales.
Los datos fueron aportados hoy por el presidente de la empresa Secuware, Carlos Jiménez, durante presentación ante la prensa del cuarto Foro de las Evidencias Electrónicas, una plataforma de análisis y discusión jurídica y técnica sobre determinadas consecuencias del uso de las nuevas tecnologías.
