
Durante un desayuno informativo al hilo de la publicación del Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que se incluyen apartados relativos a la protección de datos y privacidad, Rallo ha instado a los proveedores de servicios de todos los ámbitos a que mejoren sus políticas informativas y de privacidad, e incrementen las garantías que ofrecen a sus usuarios.
En concreto, y en referencia a las redes sociales, ha mostrado su preocupación ante el acceso de menores, sobre todo, de los que tienen menos de 14 años. Así, Rallo ha recalcado que se encuentan en conversaciones con las dos principales compañías del sector y que alguna de ellas está realizando labores de comprobación de edades para depurar aquellos perfiles que no deban aparecer.
Asimismo, ha reclamado la necesidad de que exista un compromiso de las autoridades educativas para que sea incorporado en los planes de estudio la educación de los menores en el uso seguro de las nuevas tecnologías.
Sobre el barómentro del CIS, el director de la AEPD ha destacado la creciente preocupación de los ciudadanos por la protección de datos y el uso de su información personal, así como valoró que más de la mitad de la población conozca la existencia del organismo que dirige. "Este dato resulta satisfactorio dado que supone un avance positivo en relación con los datos publicados en 2008 por el barómentro en el que se situaba en torno al 46 por ciento este grado de conocimiento".
DESCONFIANZA, TRABA AL COMERCIO ELECTRONICO
Por otra parte, y sobre la desconfianza de los españoles a facilitar los datos bancarios en Internet, Artemi Rallo ha indicado que esta circunstancia "pone importantes trabas" al desarrollo del comercio electrónico en España. En este sentido, hai ndicado que el desarrollo e implantación de sistemas de identificación tales como del DNI electrónico contribuirán a generar confianza en los consumidores.
Entre otras preocupaciones, ha citado la presencia incontrolada de menores en la red, y, por ello, ha reclamado un compromiso real y activo tanto de padres, autoridades educativas y proveedores de servicios. Sobre estos últimos, ha dicho que el cumplimiento de su obligación legal de protección de los menores es "hoy por hoy poco satisfactorio".
Finalmente, sobre la instalación de cámaras de videovigilancia, Ralló ha dicho que el estudio del CIS revela que los ciudadanos son favorables a estos dispositivos cuando se trata de evitar actuaciones delictivas, pero no lo son tanto cuando afecta a su vida cotidiana y de ocio.


