La Agencia de Protección Datos activará un plan para evaluar la vídeo-vigilancia

En rueda de prensa para valorar los datos del último barómetro del CIS sobre protección de datos, el director de la AEPD, Artemi Rallo, explicó que hasta el 1 de enero de 2007 sólo se registraron en su institución 700 entidades habilitadas para colocar cámaras de vídeo-vigilancia, y al final de ese mismo año se elevaron a 7.000.

(Hay obligación de inscribirse si además de captar imágenes se graban, pues el resultado es un archivo y, en consecuencia, ha de ser notificado a la Agencia).

En el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, más del 73 por ciento de la población se muestra a favor de las cámaras para garantizar la seguridad, pero el mismo porcentaje también demanda un control en el uso de las imágenes obtenidas.

El conocimiento ciudadano de las reglas para colocarlas es "cada vez mayor" (informar con un cartel de su existencia y pedir autorización), pero ahora se necesita su cumplimiento, ha asegurado Rallo.

En este contexto -dijo- resulta especialmente preocupante el volcado de imágenes de vídeos en tiempo real en portales o páginas web.

En la actualidad, la Agencia investiga más de doscientas denuncias relacionadas con las cámaras de vídeo-vigilancia.

Por otro lado, el director anunció la elaboración en 2008 de un plan sectorial sobre el uso indebido de datos por parte de empresas con fines comerciales -en especial operadoras de telecomunicación-, y conocer si son obtenidos de forma adecuada.

Las sanciones por cesión ilegítima de datos pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros.

De hecho, casi el 70 por ciento de los encuestados en el último barómetro del CIS (conocido esta semana y que dedicó un capítulo a protección de datos) afirma haber recibido un mensaje de móvil o una llamada telefónica sin tener constancia de haber cedido sus datos.

Rallo, además, opinó "satisfactorio" que su institución sea conocida por el 47 por ciento de los encuestados y, dijo, "cubre las expectativas" de una institución joven (quince años).

Por último destacó el alto grado de desconfianza sobre la seguridad de Internet para determinados usos, tales como suministrar los números de la tarjeta de crédito.