Bravo: Los directivos de SGAE tenían todas las facilidades para violar la ley

En una conferencia celebrada en la Campus Party, Bravo se ha referido así a las declaraciones hechas hoy por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en las que aseguraba que se iban a crear mecanismos para ejercer un mayor control sobre las sociedades de gestión de derechos, a la vez que se ha preguntado "cómo se hacía antes" este control.

El abogado, que se ha definido como "un poco friki" por aquello de que le gustan los ordenadores y siempre anda metido en casos judiciales relacionados con la propiedad intelectual, ha asegurado a los campuseros que "en ningún momento" imaginó que podría ocurrir un escándalo como el de la Operación Saga.

Asimismo, ha mantenido que para él por ahora "todos son presuntamente inocentes".

En alusión a la piratería, Bravo ha opinado que la industria cinematográfica "persigue sombras" y "se equivoca en la pregunta", ya que en su opinión "es imposible pagar" lo que se pretende sufragar con el canon, al mismo tiempo que ha defendido la necesidad de buscar fórmulas que sean compatibles con la creación industrial actual.

Asimismo, ha asegurado que el canon digital "está herido de muerte" y ha denunciado que el modelo que se ha perseguido con esta medida es el de una industria cultural que "lleva fallando muchos años y en la que el uno por ciento de los implicados se reparte el 75 por ciento de los beneficios".

"Podemos pasarnos años con el debate, pero cuando terminemos -la industria cultural- caerá", por lo que hay que centrarse "no en parar" la evolución de la industria "sino en que los autores tengan reconocida su labor", ha defendido el abogado.

Bravo ha valorado las campañas de concienciación de la SGAE en defensa de la propiedad intelectual como "un mero adoctrinamiento", y ha lamentado que en muchos casos las leyes de propiedad intelectual están impulsadas por grupos de presión que denuncian disfunciones que suelen ser aparentes.

Finalmente ha criticado la conocida como ley Sinde y ha defendido la necesidad "no de impedir una exclusión que resulta imposible, sino de ver cómo remunerar" a los creadores culturales.

"Es compatible que algo no sea ilegal y no sea el ejercicio de un derecho constitucional", ha explicado Bravo, quien ha defendido que las páginas web que enlazan a otros contenidos no son ilegales porque no alojan contenido con derechos de autor, pero tampoco son un derecho constitucional.

En este sentido, ha lamentado que sea el Ministerio y no los jueces el que determine qué portales web son o no lícitos.

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