
Un dispositivo formado por un centenar de agentes ha permitido el arresto de 22 personas por favorecer la inmigración ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores, relativos a la prostitución y asociación ilícita.
Las declaraciones de seis personas que habían sido víctimas de la organización en diferentes ciudades españolas dieron inicio a la investigación a finales de abril de 2009, que determinó que los principales miembros de la red residían en localidades de la provincia de Girona.
Actuaban con un reparto de funciones perfectamente establecido y captaban a sus víctimas por diferentes medios, principales redes sociales de Internet o correos electrónicos: unos se dedicaban a captar y reclutar a las víctimas, otros a la recepción y traslados de las mismas, y los dirigentes que se beneficiaban de la explotación sexual en los locales.
Esta red habría introducido en España un mínimo de 100 hombres y mujeres, la mayoría de origen brasileño, para lo que utilizaban la ruta aérea Brasil-París, y luego eran trasladados por carretera.
Las víctimas captadas adquirían una deuda con la organización que oscilaba entre los 2.500 y 9.000 euros, dependiendo de si eran mujeres u hombres.
Esta deuda se iba incrementando de forma arbitraria con conceptos tales como el pago de su estancia en el local donde se prostituían --70 euros diarios--, pago de multas por infringir normas de comportamiento, y pago de los servicios de electricidad, teléfono o televisión.
En cuanto a los servicios que presentaban en los prostíbulos, el importe del primero era para el local, el segundo para pagar la deuda contraída, y a partir del tercer servicio era para la víctima, excepto una tercera parte que se quedaba el club.
Las 22 detenciones se llevaron a cabo en clubes de alterne de Fontcoberta, Mont-ras, Medinyà y Girona. Otras 18 personas fueron arrestadas por infringir la Ley de Extranjería.







