
La denuncia se refiere a los servicios prestados por la empresa española en los últimos cinco años en el estado más populoso e industrializado de Brasil, para que compense a los "millones de clientes afectados" por los daños materiales y morales, informó la Fiscalía en un comunicado.
El valor de la indemnización se calcula que equivale al 10 por ciento de la facturación de la empresa en los últimos cinco años en el estado de Sao Paulo.
Además de "falta de eficiencia" de los servicios de telefonía, televisión por cable y banda ancha, la Fiscalía también registró "violaciones de los derechos al consumidor".
Entre los problemas registrados se encuentran interrupciones, carencias en la disponibilidad de los servicios, cobros indebidos y falta de atención para cancelar o modificar los contratos de usuario.







