Francia planea desconectar a los internautas que compartan demasiados archivos

Las redes de intercambio entre pares (P2P) son tramas de nodos interconectados de forma igualitaria y que distribuyen archivos de diversa índole.

La popularización de estas redes se debe en gran medida a la música, las películas o el software compartido a través de diferentes aplicaciones, pero también son poderosas herramientas de intercambio de experiencias y conocimiento. La estrategia para la cancelación del potencial digital está ganando la partida a la posibilidad de un Internet social y colaborativo.

El pasado 7 de julio el Comité del Mercado Interno y Protección del Consumidor votaba en el Parlamento Europeo la reforma de la Ley de las Comunicaciones Electrónicas.

Las enmiendas instaban a frenar la calidad de la conexión cuando un proveedor de telecomunicaciones (ISP) detectase que el internauta estaba realizando intercambios no comerciales y a enviar advertencias automáticas para disuadir a los usuarios habituales de redes P2P; no se aprobaron pero no nos engañemos, los ataques a las redes de pares se enmarcan en una estrategia incriminatoria de los diferentes sectores implicados en las grandes industrias culturales y las sociedades de gestión de los derechos de autor, en connivencia con algunos Gobiernos.

En España las tensiones están representadas por dos ministerios. César Antonio Molina, ministro de Cultura, afirmaba hace poco: Se trata de centrar el foco principal de atención en la lucha contra los atentados a la propiedad intelectual que tienen lugar en el entorno digital.

Días después, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, parecía distanciarse diciendo: no aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión o desincentive el uso de internet ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de información.

Dos posiciones aparentemente opuestas que responden, no tanto a una decisión política que legisle a favor de un Internet social, sino a cómo resolver pragmáticamente la continuación de determinados negocios, más o menos anacrónicos, sin menoscabo de la emergencia de otros, vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías. Es decir, cómo acordar un marco legal que garantice el futuro negocio de la red y no tanto su valor social.