
Tras la investigación acometida ante el nuevo escándalo relacionado con la pérdida de información confidencial de ciudadanos en el historial del Ejecutivo de Gordon Brown, el Ministerio del Interior anunció hoy en un comunicado el fin del contrato por la "clara quiebra" de las pautas pactadas.
Así, desde el principio, su titular, Jacqui Smith, culpó a la empresa, puesto que mientras el Gobierno había guardado los datos de forma segura, PA Consulting los habría descargado, pese a ser una práctica vetada por el contrato establecido entre la Administración y la firma. "Nuestro contrato había estiputado la clase de medidas de seguridad que debían adoptarse y no se adoptaron", aseguró hoy.
No obstante, el antencedente ha llevado ya al Ministerio a anunciar una revisión de todos los acuerdos que mantiene con compañías privadas para comprobar que son "apropiados", así como la "urgente" supervisión del resto de los que mantiene con PA Consulting para comprobar su cumplimiento de los requerimientos de seguridad.
Además, Smith aprovechó para subrayar que la investigación acometida desde el pasado 21 de agosto "ha demostrado que mientras la información se transmitió de una forma apropiadamente segura y dirigida a un sitio seguro, fue posteriormente descargada en una insegura memoria USB que después se perdió". Al respecto, añadió que ésta no se había codificado o "gestionado adecuadamente" y confirmó que, pese a las pesquisas promovidas, no había sido encontrada.
INVESTIGACION
En este sentido, Interior acometió en paralelo a la investigación interna una evaluación de riesgo en torno a los datos incluidos y suspendió toda transmisión de información a PA Consulting. Aparte, precisó que la cancelación del contrato no supondrá ningún coste para las arcas públicas, puesto que cualquier gasto adicional correrá a cargo de la empresa.
La memoria USB se dejó en un armario sin candado en un despacho de las oficinas de PA Consulting en el área de Victoria, en el centro de Londres, y aunque la compañía ya ha revisado sus locales y supervisado las grabaciones de los circuitos CCTV para intentar recuperarla, todavía se ignora cómo desapareció.
Entre los datos extraviados figuran detalles personales descodificados de unos 10.000 delincuentes habituales, como los nombres, fechas de nacimiento y otros datos de 84.000 presos de las cárceles de Inglaterra y Gales, así como 33.000 grabaciones del sistema informático de la policía.
FRACASO DE DEBERES
El suceso ha llevado a la oposición a acusar al Gobierno de "masivo fracaso de sus deberes", puesto que no es la primera vez que el Ejecutivo pierde la pista a importantes datos confidenciales de ciudadanos británicos o documentos de alta seguridad nacional como los que varios funcionarios se dejaron olvidados en un tren el pasado mes de junio.
PA Consulting manejaba los datos como parte de un proyecto de investigación de rastreo de los criminales a través del sistema criminal de justicia y, además, es una de las compañías que colabora con el Gobierno en el desarrollo del polémico proyecto de carné de identidad, rechazado por la oposición en Reino Unido.
Por su parte, los distintos departamentos del Ejecutivo ya habían recibido órdenes para reforzar sus procesos de seguridad tras la pérdida el pasado mes de noviembre de dos discos con datos personales de menores perceptores de beneficios, a los que se sumaron nuevos escándalos en el manejo de información ciudadana y de documentos sensibles como las investigaciones por terrorismo.
