
El Convenio sobre Ciberdelincuencia pretende completar los convenios del Consejo de Europa sobre cooperación en materia penal, con el objeto de dar más eficacia a las investigaciones y los procedimientos penales relativos a delitos relacionados con los sistemas y datos informáticos, así como facilitar la obtención de pruebas electrónicas de los delitos.
Según el Gobierno, el Convenio constituye un instrumento jurídico muy útil y eficaz para prevenir los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y el abuso de los sistemas informáticos y en general para prevenir cualquier delito provocado por el abuso ilícito de las nuevas tecnologías. En el Convenio se han tipificado como delitos dichos actos y se han establecido los medios para luchar contra los mismos, facilitando su detección, investigación y sanción, a nivel nacional e internacional y estableciendo una cooperación internacional rápida y fiable.






