"Es el Gobierno español quien tiene en sus manos acabar con la piratería", según expertos británicos y franceses

Kennedy y Oliviennes participaron en el Seminario 'El futuro de las industrias culturales y la lucha contra la piratería en Internet' que acogió la sede de la Academia de Cine con motivo de la Semana por los Derechos de Todos en Internet.

John Kennedy recordó durante su intervención que "el abuso de las nuevas tecnologías constituye el problema real y no las tecnologías en sí mismas". En este sentido puso sobre la mesa cifras de ventas de la industria cultural que en el año 1999 alcanzaban los 25,6 millones de dólares y a día de hoy se han reducido a 17,9 millones. "Sólo en el tiempo que dura este seminario se habrán descargado 17 millones de archivos ilegales, algo que difícilmente es soportable", apostilló.

Kennedy lamentó que actualmente el modelo "más favorecido" en Internet sea el gratuito y señaló que desde la asociación que representa se está trabajando "a nivel político" puesto que es en este terreno en el que pueden conseguirse mejores resultados. El responsable máximo de IFPI puso de ejemplo el modelo francés ("el mejor considerado, avanzado y con detalle" --señaló--), que apuesta por la desconexión tras los avisos pertinentes al internauta pirata. "Ya dijo Sarkozy que Internet no puede ser un salvaje Oeste virtual", recordó.

Asimismo incidió en que otros muchos países como China, la India o Japón están llevando a cabo acciones importantes para combatir la piratería y lo mismo otros países del entorno europeo como Bélgica, Irlanda o Dinamarca. "No tomar medidas ya no es ninguna opción y el Gobierno español, tiene absolutamente en sus manos poner freno a este problema", dijo.

LA DESCONEXION FUNCIONA.

Para Kennedy, que citó diversos estudios que corroboran su teoría, advertir al usuario que piratera archivos en la Red que se le desconectará, es algo que está "funcionando". "Se ha demostrado que muchos de ellos dejan de hacerlo con el primer aviso y que prácticamente el 90 por ciento de los usuarios están dispuestos a parar tras el segundo", resaltó.

Todo esto no persigue otra cosa, en su opinión, que la "protección de la creatividad local". "Además, existen numerosos organismos reguladores en Internet que permiten al usuario advertirle de que está realizando una descarga ilegal y cómo debe actuar", recalcó.

El presidente de IFPI aludió a la "resistencia" que muestran las grandes operadoras a solucionar este problema alegando que "no es viable técnicamente". "Sin embargo desconectan de inmediato a quien no paga las facturas", alegó indicando que las soluciones que se proponen "no son caras ni dolorosas".

"Los gobiernos no pueden lavarse las manos", dijo en referencia al Gobierno español. "La industria creativa española necesita mantenerse", agregó.

UN BUEN EQUILIBRIO.

Por su parte, Denis Oliviennes señaló que el modelo francés, que entrará en vigor a partir de enero de 2009, no tiene como objetivo erradicar el cien por cien de la piratería, "algo imposible", sino "limitar y poner barreras para que las industrias culturales puedan seguir financiándose".

El comisionado francés señaló que su Gobierno ha encontrado "un buen equilibrio entre los derechos de los consumidores y los creadores" que pueden poner en práctica otros países, como España y afirmó que, de hecho, "Francia no debe estar sola en esta iniciativa que pretendemos que sea un proceso pedagógico".

Oliviennes aseguró que el pirateo rompe la cadena de producción y distribución de obras y que la gratuidad en Internet no existe dado que el pirata ha pagado su ordenador, su grabadora, su abono a Internet y sus CDs vírgenes. A su entender, "las industrias culturales se ven progresivamente debilitadas por la piratería pero las industrias electrónicas y de telecomunicaciones se enriquecen gracias a ello debido a la inexistencia de normas", mantuvo.

En este acto intervino también Enrique Cerezo, presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), quien recordó que la industria debe adaptarse a Internet pero que "no puede hacerlo sola y sin ayuda". En este sentido, reclamó al Gobierno español un "marco legal adecuado para proteger la propiedad intelectual" así como "medidas de urgencia para que la industria genere riqueza y aumente el patrimonio cultural".