Niegan los riesgos para la salud por emisiones electromagnéticas

El curso "Campos electromagnéticos y sociedad" de la Universidad Complutense, reunió a científicos y expertos de la materia en una serie de ponencias donde concluyeron que las labores de comunicación desde las instituciones y las empresas deben ser más eficaces para reducir la alarma social que existe en España.

"Hay una alarma sensacionalista, electrofóbica y carente de fundamento, dirigida a las antenas de telefonía, los cables de tensión y transformadores de energía eléctrica" según explicó el adjunto segundo del Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar Belda.

La creencia de que las emisiones de estas instalaciones tienen efectos perniciosos sobre la salud ha llevado a la comunidad científica a aunar esfuerzos e intentar acercarse a la población y mostrarles que no "hay conclusiones que vinculen las emisiones de los teléfonos móviles con el cáncer" como aseguró el representante del Defensor del Pueblo.

Añadió que "no se ha podido comprobar que los campos electromagnéticos, siempre y cuando respeten los límites de emisiones establecidos, supongan un riesgo para la salud".
Según declaró el Presidente del Comité Científico Asesor sobre Radiofrecuencia y Salud (CCA), Emilio Muñoz, tras participar en una mesa redonda, la alarma social se ha creado como consecuencia de publicaciones científicas no contrastadas y no reconocidas por la comunidad científica.

"La preocupación social también existe en Europa donde recientemente hemos observado que las radiofrecuencias aparecen como una preocupación de los europeos en los eurobarómetros" indicó el científico, quien consideró que la "voracidad empresarial" de algunos les lleva a crear una alarma social sobre las emisiones para después lanzar un dispositivo al mercado que proteja de las mismas.
"Los dispositivos serían útiles si tuvieran base científica y si existiera esa situación. El consenso científico considera que no son necesarios porque no hay riesgos" añadió Muñoz al tiempo que explicó que estos aparatos tienen más base comercial que científica.

Asimismo, los científicos coincidieron en la gran amenaza que representa la publicación de textos pseudocientíficos o científicos pero no reconocidos por la comunidad, que crean el temor entre la población.

De tal modo, Aguilar Belda dijo que "es recomendable evitar la instalación de antenas de tendidos de alta tensión cerca de zonas sensibles, como áreas de recreo o escuelas, para evitar que la población vecina se sienta en riesgo, aunque éste no esté justificado".

Parte de la responsabilidad de la percepción negativa que tiene la sociedad sobre los efectos de estas emisiones, señaló Aguilar Belda, "es de las empresas de telefonía, de las compañías eléctricas y de las administraciones" que no informan eficazmente a la ciudadanía y aseguró que la educación en esta materia y las campañas de información hacen descender los niveles de desconfianza.

Según datos que aportó el representante del Defensor del Pueblo durante su exposición, las quejas por las emisiones electromagnéticas comenzaron en 1998 y se incrementaron al año siguiente, propiciando que en el año 2000 se elaborara un informe monográfico como respuesta a la creciente alarma social.

Algunas de las conclusiones del informe mostraron que el 60 por ciento de las quejas no fueron admitidas por, entre otros motivos, carecer de pruebas; el 15 por ciento estaban probadas pero eran ajenas a los efectos electromagnéticos y sólo un dos por ciento estaban fundadas.