Protección de datos subraya la indefensión de los ciudadanos ante el spam telefónico

Datos como estos ponen de manifiesto la indefensión y, sobre todo, la falta de información de los ciudadanos para evitar las "incómodas y atentativas" prácticas comerciales de las operadoras de telefonía, fija o móvil, ha denunciado hoy el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo.

Ante esta situación y las quejas de los ciudadanos, la Agencia decidió hacer una inspección de oficio para evaluar estas prácticas, un procedimiento que ha constatado los "escasos sistemas" que tiene el ciudadano para evitar recibir llamadas o mensajes con fines comerciales, pero que no permite sancionar los abusos.

Según datos de la encuesta del CIS, siete de cada diez ciudadanos han recibido en alguna ocasión una llamada o un mensaje de móvil con fines publicitarios de alguna entidad a la que nunca había facilitado sus datos personales.

Frente a este abuso, "los ciudadanos tienen derecho a ejercer su derecho de oposición", es decir, a rechazar esta clase de llamadas y mensajes, ha asegurado Rallo.

SIN FINES COMERCIALES

Dado que la mayoría de las operadoras buscan a sus futuros clientes en las guías de teléfono, los que no quieran recibir llamadas publicitarias en su teléfono fijo deben pedir a su operadora que no les incluya en la guía o que lo haga con la clasificación "U", que significa que el propietario de esos datos no quiere que se utilicen con fines comerciales.

Cuando una operadora llama con fines comerciales, tanto si tenemos una relación contractual con ella como si no, se le puede pedir expresamente que no vuelva a utilizar nuestros datos para fines publicitarios.

Además, en el futuro existirá la posibilidad de inscribirse en la lista Robinson de la Federación Española de Comercio Electrónico y Márketing Directo, un fichero común que incluirá a los usuarios que no quieran ser objeto de estas prácticas comerciales.

TELEFONÍA MÓVIL

En el caso de los teléfonos móviles -un sector en el que no hay guías específicas-, la indefensión del ciudadano es mayor ya que, cuando la empresa que realiza la llamada no se identifica no está sometida a las garantías de la Ley de Protección de Datos (hay un vacío legal) y la Ley de Telecomunicaciones no prevé sanciones para estos casos, ha denunciado Rallo.

Por ello, la inspección de la Agencia insta al Gobierno a regular "con urgencia" estas prácticas abusivas y proteger al ciudadano y recomienda a las operadoras facilitar sistemas "gratuitos y sencillos" para que el afectado pueda oponerse a recibir publicidad.

Por último, la Agencia recomienda no responder los mensajes de tarificación adicional -los que tienen un coste mucho más elevado de lo normal- y advierte a los usuarios de móvil de que si se suscriben o se dan de alta en estos servicios pagarán por recibir SMS y la situación se mantendrá hasta que el afectado se dé de baja.