Reino Unido pide a proveedores de internet que guarden información de usuarios

La ministra del Interior, Jacqui Smith, dijo al presentar los planes, que serán sometidos a consulta hasta el próximo julio, que el Ejecutivo había desistido de su idea inicial de crear una base de datos nacional que almacenara información de los ciudadanos, por ser costosa y plantear dudas sobre la protección de la privacidad.

Las empresas de telecomunicaciones ya tienen el mandato de la Unión Europea (UE) de guardar por un tiempo datos de sus clientes, pero los planes británicos suponen expandir la información que se puede almacenar y guardar incluso datos sobre terceros o basados parcialmente en otros países, como en el caso de "chats" o páginas de redes sociales.

La información tanto de internet, correo electrónico o teléfono móvil que se guardará se refiere a los contactos entre las personas, pero no al contenido de mensajes o fotos privadas, recordó el Gobierno.

Smith subrayó que era necesario modernizar las herramientas de vigilancia de la Policía para hacer frente a la delincuencia actual, teniendo en cuenta también la necesaria protección de la privacidad de los ciudadanos, por lo que se descartó la opción de un centro de control estatal.

SEGUIMIENTOS

Los servicios secretos ya utilizan modernas tecnologías para hacer un seguimiento de conversaciones telefónicas o interceptar otras comunicaciones, pero las pruebas obtenidas no puede utilizarse en un juicio penal.

La ministra afirmó que quedarse "sin hacer nada" no era una opción, ya que "los datos de comunicaciones son una herramienta indispensable para que las agencias de aplicación de la ley puedan dar con asesinos, pedófilos, salvar vidas y atajar la delincuencia".

El proyecto tiene un coste aproximado de dos millones de libras (2,2 millones de euros), de los cuales parte irá a las empresas implicadas para compensarles por el trabajo adicional.

Para acceder a la información almacenada, las agencias del Estado, incluidos algunos ayuntamientos, tendrán que obtener una autorización especial, según establece la ley que regula las competencias de los investigadores.