
La Comisión Europea pidió el pasado 22 de abril a la industria de los videojuegos que en el plazo máximo de dos años elabore un código de conducta para que los distribuidores no vendan juegos violentos a los menores. Además, exigió a los fabricantes que hagan más publicidad del sistema paneuropeo de clasificación de los videojuegos por edades (PEGI) por considerar que en la actualidad no es suficientemente conocido por los padres.
En un comunicado, AUC advierte de que España es "uno de los pocos países" que no incluye medidas en sus normas generales sobre la protección del menor o en el Código Penal. Además, señala que el Código PEGI es el "único marco regulador existente" de este sector, a diferencia de otros países como Reino Unido, Francia, Grecia, italia, Alemania o Austria.
Respecto a la prohibición de videojuegos, esta asociación afirma que España no contempla dichas restricciones en el caso de videojuegos violentos, xenófobos o racistas "más allá de lo señalado" por el Código Penal. Asimismo, añade que tampoco están establecidas "cautelas legales" para impedir la compra de videojuegos para adultos por parte de los menores.
AUC también respalda la complementación del código PEGI con una medida que sirva para clasificar por edades los contenidos de los videojuegos difundidos a través de los medios de comunicación. Esta comunicación fue realizada a propuesta de la Comisión y el Parlamento Europeo.







