La acusación considera a Pablo Soto "un traidor de los usuarios"

El representante de Warner, EMI, Sony y Universal, Javier de Torres, incidió en que no se trataba de un juicio contra la tecnología, los archivos 'copyleft' (de libre circulación) o contra otra forma de distribución de música que no sea la tradicional. "Es un juicio por violar de forma sistemática los derechos de autor y lucrarse. Y ha tenido la desfachatez de inculpar a los usuarios", apuntó en la sala de lo Mercantil número 4 de Madrid. Asimismo, apuntó que la piratería se ha convertido en un problema de tal calibre para España que se ha convertido en una "singularidad hispánica" junto a "los toros, la paella y la siesta".

Este camino nos lleva, según el letrado, a un "capitalismo salvaje", en el que la sociedad se acostumbra a que "la música sea gratis". "Las webs (de Soto) están destinadas a bajar cualquier canción de forma ilimitada. No existe ningún dato que demuestre que sus sociedades mercantiles se dediquen a una causa filantrópica musical", apuntó el abogado. Por su parte, la defensa basó su alegato final en que las empresas de Pablo Soto ejercían como simples intermediarias entre dos internautas. "Los fonogramas están alojados en ordenadores personales que usan la web. Pero no los tiene el demandado", comentó David Bravo, que insistió en que la parte demandada no tenía ninguna intervención en este proceso.

Sin responsabilidad

En su alegato, realizó una clasificación de los espectadores que intervienen en las comunicaciones p2p. El primer grupo estaría formado por empresas de tecnología que permiten la interacción de archivos; el segundo grupo serían los intermediarios que promueven la red. "Pero no se lucran con ello. Es el caso de portales como Pirate Bay (un portal sueco de enlaces): dicen dónde está lo que se quiere encontrar", matizó el letrado sevillano. En último lugar estarían los usuarios, que son los responsables de los archivos descargados, a los que no se pueden localizar por la legislación sobre protección de datos.

"La responsabilidad de la parte demandada termina en el momento en que se instala el programa en el ordenador", insistió el abogado de Soto, quien no negó el lucro de las empresas de su defendido pero sí cualquier "infracción" del derecho a la propiedad intelectual. Remató su intervención con las citas de varios casos, tanto por la vía penal como por la civil, en la que las páginas de 'links' han salido indemnes. El juicio quedó visto para sentencia, que se puede producir en junio. Las partes, no obstante, consideraron septiembre la opción más factible.