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Las empresas se muestran "decepcionadas" ante una nueva Ley de Protección de Datos que consideran "a medias"

Las empresas se muestran "decepcionadas" ante una nueva Ley de Protección de Datos que consideran "a medias"
Noticias EUROPAPRESS | 27/02/2008|18:06h
Representantes de diversos sectores empresariales se mostraron hoy "decepcionados" por los cambios introducidos el pasado 19 de enero con la aprobación del desarrollo de la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos y solicitaron cambios en el marco de una jornada sobre las experiencias empresariales en este apartado.

Esta mesa redonda estuvo formada por un representante del sector financiero (el director de la asesoría jurídica del BBVA, Javier Puyol); uno del sector de las tecnologías de la información (el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo); uno del sector de márketing directo (el asesor legal de la Federación Española de Comercio Electrónico y Márketing Directo, Iñaki Uriarte); y otro del sector sanitario (responsable del área de derecho de tecnología de la información de JAUSAS, Noelia de Miguel).

Según Puyol, este reglamento no establece "clarificación" en torno a diversos apartados "pendientes" en la anterior ley y señaló que se ha quedado "a medias". A su entender, existen dos artículos que tendrían que haber sido modificados en el ámbito empresarial pero que, sin embargo, se mantienen igual que antes: la ley de seguridad privada y la ley de blanqueo de capitales. Además, denunció que, con las actuales condiciones establecidas para llevar a cabo una inspección, se ha otorgado "un cheque en blanco" a los inspectores.

Por su parte, Uriarte destacó las "dudas" que ha provocado la nueva ley en torno a diversos aspectos publicitarios. Así, explicó que el reglamento no clarifica si la publicidad podrá ser enviada a los usuarios con cuestiones distintas a las relacionadas con su empresa. Asimismo, indicó la "imposibilidad" de conocer la edad de los destinatarios en las relaciones no presenciales, tal y como exige el reglamento en caso de que se trate de menores de edad.

Por último, De Miguel señaló las "complicaciones" surgidas debido a la dificultad de establecer un reglamento en el apartado sanitario. Así, en el caso de los análisis genéticos, señaló que existe el "derecho a saber o a no saber", es decir, una persona podría hacer uso de su derecho a no saber si es poseedor de una enfermedad genética, pero esto podría conllevar riesgos en la salud del resto de sus familiares.

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