El fiscal reduce la petición de condena para el acusado de piratear consolas

En un juicio que hoy ha quedado visto para sentencia, el fiscal Jesús Villanueva también ha retirado la petición de indemnización, pero el abogado de la acusación ha mantenido la solicitud de 23 años de cárcel y el pago de 840.000 euros por vender dispositivos que permitían utilizar la consola Nintendo DS con contenidos de otras marcas.

Durante dos horas, el magistrado José Luis Niño, titular del Juzgado número 1 de Avilés, ha escuchado a los testigos de ambas partes en una vista que el abogado del comerciante, Carlos Sánchez Almeida, cree que sentará jurisprudencia en España, con independencia de la sentencia que se dicte.

Fernández ha sido acusado de un presunto delito contra la propiedad industrial e intelectual tras incautarse la aduana de 1.400 unidades de los referidos dispositivos, importadas en dos tandas diferentes.

Uno de los peritos de la acusación ha sostenido que los dispositivos que comercializaba el avilesino "sólo sirven para violar el código de protección de la consola, para engañarla" y así poder utilizarla con otros programas informáticos.

En su alegato final, el abogado de la acusación ha dicho que el dispositivo en cuestión es como la copia falsa de una llave que sirve para entrar indebidamente en la consola, tras ser "violada" la barrera de seguridad.

Para el abogado defensor, durante el juicio se han puesto de manifiesto dos formas distintas de entender la sociedad de la información, "como es la cerrada que tiene Nintendo y la abierta que es la que tiene la comunidad del software libre".

En su alegato final, Sánchez Almeida ha apelado al artículo 20 de la Constitución, del que se desprende que "cualquier español tiene derecho a programar para cualquier dispositivo electrónico y eso no se puede impedir en base a ningún monopolio".

El letrado ha indicado que existen desarrollos de software libre en Internet para esta consola de Nintendo "que sólo se pueden ejecutar mediante este tipo de dispositivos" y, en consecuencia, "cualquier prohibición para impedir esto debe ser declarada inconstitucional".

Es la primera vez en España que un juez deberá pronunciarse acerca de estos dispositivos que consiguen convertir esta consola en un ordenador, "al que se le puede añadir información y ejecutar programas".

El abogado defensor ha considerado que la petición de 23 años para su patrocinado "es una barbaridad", así como la cantidad que se pide en concepto de indemnización, por lo que ha pedido que la compañía cargue con los costes procesales al entender que su acusación "es temeraria".

Por su parte, el acusado se ha reconocido "agotado" por todo este proyecto y se ha limitado a decir que espera a la resolución del juez para saber qué va a hacer con su actividad profesional y decidir si continúa o no con su actual empresa.

"Yo no habría venido aquí si no creyera en todo esto que hemos expuesto y ahora sólo espero por la sentencia del juez para tomar una decisión con mi negocio", ha declarado Fernández a la salida del juicio.