Los internautas creen que el plan 'antipirateria' del Gobierno se acerca a la "época franquista"

Considera que deberían intervenir los jueces de lo mercantil o los Esta asociación, junto a 'bloqueros', juristas, expertos en internet y organizaciones de usuarios mantuvo una reunión este sábado para analizar y dar una respuesta al plan del Ejecutivo.

Maestre avanzó que la próxima semana se elaborará un comunicado conjunto de todos estos colectivos, una vez conozcan el texto definitivo, pero se basó en las palabras pronunciadas por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros para manifestar que se trata de un paquete de medidas "que va a afectar a la configuración de los derechos y libertades fundamentales en el ámbito de internet y de la libertad de expresión".

Consideró Maestre que lo que se ha dicho desde los poderes públicos hasta el día de hoy "es absolutamente aberrante" y supone una regresión a la época franquista, "al autorizar a un órgano administrativo el cierre de publicaciones; eso sí, con la concesión del visto bueno de un órgano judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa".

Tampoco comparte la comunidad internauta, según las palabras de Maestre, que la decisión cautelar de cerrar o bloquear una página web recaiga en un juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

A su juicio, "el esquema de competencias judiciales en España está bien definido y deberían ser los jueces de lo mercantil o bien los jueces de instrucción del ámbito penal los que conozcan de los conflictos que haya en materia de propiedad intelectual". Criticó el miembro de la Asociación de Internautas que el Ejecutivo haya optado por "crear en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un órgano específico para, además, hacer un control de pitiminí sobre una decisión que adopta un órgano administrativo".

INDEPENDENCIA DE LA COMISIÓN

Por su parte, Ángeles González-Sinde garantizó la 'independencia' de los miembros que integrarán la Comisión de Propiedad Intelectual, a pesar de que este órgano dependerá de su departamento y será el encargado, en primera instancia, de intervenir por la vía administrativa contra las páginas web de descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor, como películas, canciones o videojuegos.

La ministra de Cultura aseveró que los integrantes de la mencionada comisión serán "una representación de la pluralidad de intereses implicados". Así, acogerá a expertos en jurisprudencia, especialistas en internet y representantes de la cultura y del Ministerio de Industria, "de manera que los análisis sean equilibrados".

En declaraciones a la cadena Ser, González-Sinde alegó que internet ha supuesto "una gran revolución en nuestras vidas y lo va a suponer más en el futuro", por lo que vaticinó que "veremos cambios que aún no podemos imaginar y hay que tratar de prepararse".

Justificó sin ambages la necesidad de que exista la comisión, máxime cuando "puede hacer un trabajo con mucha más rapidez y agilidad que el juez, al que le tomaría mucho más tiempo ir pidiendo la información para comprobar la veracidad de las circunstancias que se denuncian. Tiene mucha más capacidad y es más eficaz, y por eso es quien propone al juez" si debe adoptar medidas para bloquear o cerrar un sitio web como medida cautelar.

PROCEDIMIENTO FLEXIBLE

González-Sinde evidenció las importantes modificaciones que se han introducido respecto a la propuesta anterior. La autorización, en última instancia, del juez de la Audiencia Nacional, que deberá decidir en cuatro días si cierra un sitio web tras escuchar a las partes, "armoniza y garantiza los derechos, como pedían los ciudadanos a los que les producían dudas la formulación anterior". "Los anteproyectos de ley son así. Se escuchan las peticiones y se atienden o incorporan" modificaciones, "con un procedimiento flexible".

Además, no descartó que la futura ley pueda sufrir nuevas modificaciones durante el trámite parlamentario, donde puede ser objeto de enmiendas por parte de los grupos de ambas Cámaras.

Rechazó la ministra que el Estado se pueda exceder en sus funciones y aumente el control de los ciudadanos con la nueva propuesta del Gobierno para combatir las descargas ilegales. "El Estado -enfatizó no tiene ningún ánimo de controlar las comunicaciones. No creo que vivamos en un país donde se haga ese control sobre los ciudadanos y su libertad para usar internet como medio de comunicación, de expresión o de trabajo".

"No me parece que estemos en ese escenario", agregó, no sin apostillar que "todo tipo de negocio debe obedecer a unas reglas.

Esto no significa que el Estado se entrometa en nuestras vidas. Son reglas que todos hemos pactado y que hacen que podamos convivir y estemos protegidos. No por esto no van a espiar en nuestra casa".

Precisó que el Gobierno ha estudiado la medida de "detener la oferta que no cuenta con derechos de explotación o con contrato mercantil, pero no ir en contra del usuario, como han propuesto en otros países. El mal uso que hagan algunos no debe impedir que todos disfrutemos de internet".