La CE multa con 74,7 millones a Sony, Fuji y Maxell

La sanción a Sony, la más alta (47,1 millones), se ha aumentado un 30% por obstaculizar la inspección por sorpresa que los funcionarios del Ejecutivo comunitario llevaron a cabo en sus instalaciones en 2002. Un empleado de Sony rechazó responder a las preguntas de los inspectores y otro fue descubierto triturando documentos. En contraste, Bruselas rebajó las multas a Fuji (13,2 millones) y Maxell (14,4 millones) en un 40% y un 20% respectivamente por su cooperación en la investigación.

El Ejecutivo comunitario inició la investigación sobre este cártel por propia iniciativa mediante inspecciones por sorpresa en los locales de las filiales europeas de Sony, Fuji y Maxell en mayo de 2002. Las inspecciones fueron "particularmente fructíferas" ya que se encontraron numerosas pruebas de la existencia del cártel.

El acuerdo ilegal cubría los dos formatos de cintas de vídeo de uso profesional más populares en el momento de la infracción: el Betacam SP y el Betacam digital, cuyas ventas anuales en 2001 en el espacio económico europeo ascendieron a 115 millones de euros. Los principales usuarios de estas cintas de video son las cadenas de televisión y los productores independientes de programas televisivos.

Sony, Fuji y Maxell --que entre las tres controlan más del 85% del mercado de las cintas de vídeo de uso profesional-- pactaron con éxito tres series de aumentos de precios y se esforzaron además por estabilizar las tarifas en los periodos en los que no podían subirlas. También supervisaron periódicamente la aplicación correcta de los acuerdos sobre precios.

Las pruebas que tiene en su poder Bruselas describen en detalle 11 reuniones durante las que Sony, Fuji y Maxell discutieron y pactaron precios e intercambiaron información comercial sensible, así como continuos contactos para controlar la puesta en práctica de los compromisos del cártel.

La comisaria de Competencia, Neelie Kroes, declaró a través de un comunicado que esa multa envía "dos señales" a las empresas que participan en acuerdos ilegales. En primer lugar, que el Ejecutivo comunitario luchará contra los cárteles incluso en los casos, como el presente, en los que no hay ningún delator que quiera acogerse a la inmunidad. En segundo lugar, que "obstruir una investigación antitrust de la Comisión provoca que las sanciones sean más severas".

Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario impone una multa basándose en las directrices aprobadas en 2006. El nuevo método, según Bruselas, permite que las sanciones reflejen de manera más ajustada la importancia económica de la infracción así como la participación de las diferentes empresas afectadas.