
"Nunca puede considerarse delito trasladar a la opinión pública una información de interés público, veraz y contrastada, independientemente del soporte que la emita", ha remachado esta agrupación en un comunicado que, además, ha considerado el fallo un "atentado contra el mandato constitucional de informar" de los periodistas.
Para AGP-UGT, es "insólito y absurdo que en la era digital una autoridad judicial argumente que la Cadena SER, al emitir por internet, pierde la condición de medio de comunicación social".
Esta agrupación de periodistas se ha referido así a uno de los argumentos del juez, para quien "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita), pero debe matizarse que internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal".
AGP-UGT ha señalado que es "inaudito" considerar revelación de secretos el trasladar a la opinión pública una información facilitada por "una fuente reconocida y que ratifica sus afirmaciones delante del magistrado que, aun a sabiendas de que la información es cierta y contrastada, condena a los periodistas por publicarla en internet".
"Es un atropello judicial" imponerles penas de prisión, inhabilitarles y privarles de su derecho a voto por "cumplir con un mandato constitucional", ha añadido esta agrupación.
En cuanto a la condena económica, la aseveración del juez de que tendrán una retribución económica verdaderamente importante es "indigna de ser utilizada por un magistrado", máxime cuando "supone y no verifica los salarios de los condenados".
La AGP-UGT ha solicitado a la autoridad judicial competente que revise esta sentencia y la actuación del magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández, que entiende "contraviene la Constitución y perjudica seriamente el derecho de los verdaderos propietarios de la información, los ciudadanos".







