
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) considera que debe tener competencias en materia de protección al usuario, según figura en el informe del anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones.
Señala que debe tener potestad en asuntos de mercado minorista para poder tramitar y resolver reclamaciones entre usuarios y operadores y, de esta manera, realizar el seguimiento constante de la repercusión en ese mercado de las medidas que adopte esta comisión en los mercados de telecomunicaciones.
La ley, indica, debe recoger también el derecho del usuario a tener información sobre precios y tarifas de comunicaciones y de calidad de los servicios, según indica en su informe.
Pide que los contratos de los usuarios con los operadores no tengan una vigencia inicial superior a 24 meses y que se les ofrezca la posibilidad de suscribirlos por 13 meses.
En esta materia de usuarios dice que la ley debe reconocer su derecho a saber qué gastos debe pagar si concluyen el contrato con el operador antes del plazo acordado, o las restricciones que tienen los terminales que les ofrecen los operadores.
Se trata de un extenso informe que analiza los distintos aspectos de la futura ley de telecomunicaciones y que, entre otros aspectos, se refiere a la posibilidad que contempla la directiva europea de separar funcionalmente las redes de telecomunicaciones de los servicios, si el regulador (la CMT), lo considera necesario para la competencia.
En este sentido dice que la trasposición que hace el anteproyecto estableciendo la necesidad de un informe previo del ministerio de Industria es contradictorio con la independencia de actuación que las directivas europeas garantizan a la CMT en esta materia.
Respecto al servicio universal de banda ancha de un mega para todos los usuarios, la CMT opina que la ley debería contemplar la posibilidad de que sea financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado.







